Desde siempre, el principal impulsor del desarrollo siempre fue el estado nacional. Su explicación se encuentra en que estos proyectos otorgan como resultado la soberanía tecnológica, geopolítica y económica del país. Desde 2007, y a partir de la creación de un Sistema Interrelacionado de Ciencia y Tecnología, todas las instituciones estuvieron nucleadas bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Este sistema comprende al propio Ministerio -en el que se encuentran representadas todas las instituciones de ciencia y técnica, principalmente la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras dependencia de menor cuantía-, a las universidades nacionales y provinciales -públicas y privadas- y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como grandes actores, y otros organismos del sector, en menor proporción. A todos ellos se les debe sumar el aporte de las instituciones y empresas del sector público y privado. De allí la importancia de la articulación colectiva y de una mirada transversal e integrada del mismo. 

Santiago Chaqui, investigador en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, lo explica de esta manera: “este modelo consiste en un diseño institucional del sistema científico y tecnológico conformado por redes de instituciones que actúan conjuntamente. Este modelo de gestión de la investigación científica y tecnológica implica abandonar los modelos puros en los que el Estado o el mercado deben hacerse cargo de forma absoluta de las inversiones, la agenda, la formación de recursos humanos o la infraestructura, abogando por una tercera opción donde ambos generan consensos alrededor de alguna cuestión”. Se sabe que en Argentina, la inversión en proyectos de investigación por parte del sector privado no llega al 30 por ciento del total de los fondos, el 70 restante lo aporta el Estado. En otros países del mundo, no pasa lo mismo. En Estados Unidos y Canadá, muchos países de la Unión Europea, y en las potencias orientales, las casas matrices aportan cifras realmente significativas a la innovación científica, cuando no poseen directamente departamentos especializados destinados para tal fin con presupuesto propio. Para el 2018, Argentina invertía cerca de los 70 mil millones de pesos para investigación y desarrollo, sumando el aporte de todos los actores. De esa cifra, sólo 21 mil son entregados por las corporaciones y consorcios privados.